Por Darwin Cortés Palma, Seremi de Gobierno.
El despacho a ley del proyecto Escuelas Protegidas representa una buena noticia para las comunidades educativas del país y también para la Región de Coquimbo. No solo porque pone el tema de la seguridad escolar en el lugar que merece, sino porque entrega herramientas concretas para enfrentar hechos graves de violencia que durante demasiado tiempo fueron vistos como si fueran parte normal de la vida escolar.
La esencia de esta iniciativa es simple y completamente necesaria: reforzar a los establecimientos frente a situaciones que alteran la convivencia, afectan el aprendizaje y terminan golpeando la tranquilidad de estudiantes, docentes, asistentes y familias. No busca reemplazar el trabajo formativo en convivencia escolar, sino complementarlo con herramientas que permitan prevenir, resguardar y actuar mejor cuando ocurren hechos graves.
Ese punto es importante. Aquí no se está legislando para instalar un clima de sospecha en las escuelas, sino para protegerlas. Se está reconociendo algo que para miles de familias resulta evidente: no puede haber aprendizaje de calidad si en los establecimientos se debilita la seguridad, si el orden se vuelve frágil o si las comunidades sienten que están solas frente a hechos de violencia.
En una región como la nuestra, donde también hemos conocido episodios complejos en comunas como Ovalle, Illapel y La Serena, esta ley adquiere todavía más sentido. Porque permite que los colegios cuenten con más respaldo, una mayor capacidad de acción y mejores condiciones para cuidar su entorno.
Otro aspecto valioso de esta iniciativa es que respeta la autonomía de los establecimientos. No impone una fórmula única. Entrega instrumentos para que cada comunidad educativa, dentro de su propio marco, pueda responder de mejor manera a situaciones que hoy requieren mayor apoyo institucional.
Por eso este proyecto ha concitado un gran respaldo ciudadano. Porque conecta con una preocupación real de apoderados, profesores y asistentes de la educación. Las familias quieren escuelas donde sus hijos puedan aprender en paz. Los docentes necesitan espacios donde enseñar no signifique exponerse a la incertidumbre. Y los estudiantes merecen entornos donde la convivencia sea una condición básica, no una aspiración lejana.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast tomó una decisión correcta al empujar esta iniciativa. Cuidar los entornos educativos también es cuidar a los estudiantes. Y cuando una ley avanza en esa dirección, lo que corresponde es valorarla como lo que es: una señal política clara de protección, responsabilidad y compromiso con la educación.
